Columna en Telam: Uber, ilegalidad, extractivismo e inversión cero

Hace unas horas se publicó en Telam S.E. una columna de opinión sobre el desembarco de Uber en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La columna lleva por titulo “Uber, ilegalidad, extractivismo e inversión cero” y la escribimos a cuatro manos con Agustín Bidinost (del IESCT-UNQ). Seguiremos trabajando el tema. Les comparto el texto (esta vez con los enlaces que no salieron en Telam S.E.):

Uber, ilegalidad, extractivismo e inversión cero:

El desembarco de Uber en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se parece más a una invasión que a la tan mentada inversión extrajera. El análisis del caso nos muestra que algunas corporaciones tecnológicas transnacionales no tienen el más mínimo respeto por las leyes nacionales, la economía formal o la seguridad ciudadana. Más que a nueva economía, Uber huele a prepotencia tecnológica: “lo hacemos y listo…”, “dentro de un par de meses nadie se acuerda…” o, también, “preferimos pedir disculpas a tener que pedir permisos…”. “¿A dónde lo llevo, caballero? Lléveme rápido a las oficinas de Uber…”. Puede parecer extraño, pero a uno de los pocos lugares donde no podría conducirnos un auto solicitado a través de la plataforma Uber es a las mismas oficinas de la corporación en Buenos Aires. ¿Las necesitan? Nos encontramos frente a un nuevo modelo de negocio extractivista que, detrás de una efímera novedad tecnológica, no invierte en el país, no ofrece empleos formales y evita pagar impuestos.

Uber Technologies Inc. es una corporación fundada en marzo de 2009, ubicada en San Francisco, EE.UU, que opera en más de 400 ciudades de todo el mundo. El 12 de abril de 2016 lanzó sus servicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Uber puede definirse como una plataforma tecnológica, tanto web como móvil, que intermedia entre quienes demandan un vehículo para transporte y quienes lo ofertan. Es una plataforma que comunica (intermedia) pasajeros y choferes. Uber no es dueña de los autos con los que se produce el transporte. De hecho, esta misma plataforma bien podría utilizarse para intermediar en cualquier otro servicio a nivel global. Esta es una de las principales características de su modelo de negocio.

Para poder utilizar Uber, más allá de los aspectos legales abajo descritos, se necesita un teléfono móvil inteligente (hardware) e instalar la aplicación Uber (software): para sistemas operativos Android se descarga del PlayStore (Google Inc.), para los iOS se descarga del AppStore (Apple Inc.) y para Windows del MicrosoftStore (Microsoft Inc.). Una vez descargada la aplicación habrá que confirmar un correo electrónico, una tarjeta de crédito y el número de teléfono móvil. Uber, a su vez, requerirá ciertas “certificaciones” a los usuarios de su sistema (sean usuarios-pasajeros o conductores-asociados). Para suscribirse al servicio, excluyentemente, también se solicitarán correos de Gmail (Google Inc.), cuentas de Facebook o PayPal (todas empresas norteamericanas).

La solicitud de un viaje es similar a cualquier otra aplicación móvil. La corporación ofrece precios cercanos a las tarifas de taxis o remises de CABA. En realidad, a simple vista, aunque sólo en apariencia, sus servicios se presentan como “más baratos”. Sin embargo, es necesario resaltar que Uber incumple varias normativas nacionales que, de cumplirlas, llevarían sus tarifas a ser superiores a las actuales de taxis y remises). En su desembarco en CABA, como estrategia de marketing, Uber lanzó sus servicios como una “muestra gratis” (una promoción de dos viajes gratis de hasta $100 cada uno). Y, como respuestas a ciertas tensiones urbanas, ofreció también varios días de gratuidad en el servicio entre el viernes 15 y el miércoles 20 de abril (hasta $200 pesos por viaje, máximo 15 viajes por usuario).

Los conflictos de intereses y las tensiones sobre Uber, al igual que ocurrió en otras ciudades, no tardaron en aparecer. Incluso, algunos se presentaron antes de su lanzamiento. Choferes de taxis, funcionarios públicos, empresarios, gremios y cámaras de remises comenzaron a movilizarse en protesta por las evidentes asimetrías e ilegalidades del nuevo servicio. Ahora, ¿cuál es el conflicto más evidente? Uber pretende desarrollar una actividad lucrativa en la vía pública de CABA y, para ello, ha decidido no ajustarse a las regulaciones nacionales y locales vigentes. Por ejemplo, entre otras, la habilitación correspondiente para operar comercialmente, las licencias específicas (categoría D) para transportar pasajeros, la sujeción a la normativa laboral, los seguros obligatorios, los controles vehiculares y médicos de los conductores, las obligaciones fiscales o la protección de los datos personales.

El viernes 15 de abril hubo varios allanamientos en las supuestas oficinas de Uber en CABA (en realidad, oficinas de algunos de sus contratados). Los fiscales entendieron que la empresa no cumplía (ni cumple) con la legislación que regula la actividad lucrativa del transporte de pasajeros en el espacio público (ley Nacional de Tránsito 24.449 y la ley 451 de faltas). Incluso, por reiteradas infracciones al Código de Procedimiento Contravencional, el fiscal de Cámara Martín Lapadú (Unidad de Investigaciones Complejas) solicitó al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que se bloqueen las plataformas de Uber en la Argentina. ENACOM manifestó que era necesario el pedido de un Juez para llevar adelante el bloqueo y que éste debía darse sólo en CABA. En caso de aprobarse el bloqueo por parte de ENACOM, es necesario poder discriminar entre una mera página web informativa y el bloqueo de la aplicación para usos comerciales de Uber.

No obstante, hasta el momento, las medidas descritas aún no han detenido las actividades de la corporación. Son numerosos y complejos los interrogantes que emergen. Uno de los más relevantes es, ¿cómo se facturan y abonan los servicios de transporte intermediados por Uber en la República Argentina? No existen todavía precisiones al respecto. Sin embargo, sí se conoce algo más cómo la aplicación de Uber permite pagar a través de teléfonos móviles, sin dinero efectivo y con el envío de comprobantes por correo electrónico. Este es, sin dudas, otro de los componentes clave de su modelo de negocio. Uber ha desarrollado una estrategia financiera que diferencia los servicios que presta en Estados Unidos de Norteamérica y los servicios que presta en otras jurisdicciones (off-shore). Así es descrito en un artículo de la Revista Fortune de octubre de 2015 (“How Uber play the tax shell game” / “Como Uber juega el juego de la cáscara fiscal”).

En el artículo se describe a Uber como un verdadero laberinto de tecnicismos fiscales, con múltiples empresas subsidiarias y filiales en diferentes países, que utilizan vacíos legales para minimizar, o directamente, eludir el pago de impuestos en los EE.UU y otras jurisdicciones. Así, por ejemplo, Uber utiliza empresas radicadas en Holanda y Bermudas (UBER International C. V y UBER B.V.) para recibir y emitir pagos de sus servicios de intermediación y para realizar transferencias sobre el rubro propiedad intelectual. En el artículo no se aclara cuán legal es esta ingeniería financiera para el Estado Norteamericano. Ahora bien, ¿qué destino habrá tenido el dinero abonado en la Argentina y no-facturado por Uber? En el apartado “legal” se expresa que los usuarios están contratando con Uber B.V., “una sociedad de responsabilidad limitada constituida en los Países Bajos, con domicilio social en Vijzelstraat 68, 1017 HL, Ámsterdam, Países Bajos”.

El desembarco de Uber en la Argentina se presenta como un caso de prepotencia tecnológica. Una empresa que prefiere pedir disculpas a pedir permisos. Una corporación transnacional que se sustenta en un modelo de negocio extractivista: no invierte un solo centavo en el país, no ofrece empleos formales a los conductores “asociados”, no ofrece seguridad a los usuarios y, sobre todo, evidencia un diseño corporativo orientado a evitar el pago de impuestos (al menos fuera de EE.UU.). Uber busca construir el transporte urbano de pasajeros en un commodity global más, regulado por sus propias normas, tarifas y plataformas digitales. Uber es más una invasión que una inversión. Nos obliga a repensar cómo construir regulaciones y tecnologías que puedan ofrecer soluciones a la ilegalidad manifiesta que representan este tipo de empresas. En la República Argentina es necesario repensar las regulaciones de Internet desde una perspectiva amplia, evitando las neutralidades y atendiendo a la defensa de los intereses nacionales / regionales. Es claro, el problema no es Uber, sino saber indicarle a Uber como conducirse en la Argentina.

Por Ariel Vercelli y Agustín Bidinost
(CONICET / IESCT – UNQ)”

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